• Se informó del acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Jurisdiccional sobre clasificación de expedientes
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2025 En reunión de la Comisión Jurisdiccional, su presidente, diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena), informó que el proyecto de iniciativa de Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia en el cual se está trabajando, es muy sólido y ayudará para todos los procedimientos que se presenten en lo sucesivo.
Flores Cervantes destacó que se ha circulado en dos ocasiones el proyecto, se han incorporado y perfeccionado con los comentarios de todas y todos los diputados, por lo que “se está en los puntos finales”.
Comunicó que ha informado al coordinador de grupo parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Ricardo Monreal Ávila, de los avances de la iniciativa, ya que desde el principio se buscó que estuviera signada por todos los grupos parlamentarios.
Hizo notar que hasta este momento solamente el diputado Germán Martínez Cázares (PAN) ha comentado de forma escrita que su grupo parlamentario no la firmará, “pero el objetivo es que traiga el aval de todos los grupos representados en la Comisión”.
En caso de que no fuera así, se va a presentar, por lo que se establece como fecha límite el próximo miércoles para hacer llegar comentarios adicionales, y si no los hay se pedirá el turno para presentarla ante el Pleno de la Cámara.
Acuerdo sobre categoría de expedientes
También, en la reunión se dio cuenta del acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión, por el que se autoriza que se les otorgue la categoría de reservados y/o confidenciales a los expedientes que se tramiten ante la misma y ante la Sección Instructora referentes a las solicitudes de juicio político y de declaración de procedencia, establecidos en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política.
El diputado Flores Cervantes indicó que el acuerdo de ninguna manera supone no transparentar la información; al contrario, “es apegarnos a lo que la ley marca en materia de transparencia y acceso a la información”, y solo podrá considerarse la clasificación de la información atendiendo lo señalado en los artículos 37 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, y 7º de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información.
Además, para la elaboración de versiones públicas que señalan la clasificación de la información que se llevará a cabo: cuando se reciba una solicitud de acceso a la información, se determine mediante una resolución del Comité de Transparencia, órgano garante competente o en cumplimiento a una sentencia judicial, o se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia prevista en la ley.
Destacó que la información solo podrá ser clasificada conforme a un análisis, caso por caso, mediante el procedimiento que el mismo Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados señale, y es responsabilidad de los triturarles de las áreas de los sujetos obligados elaborar semestralmente un índice de los expedientes clasificados como reservados, pero en el acta de entrega-recepción “no recibimos ningún documento con respecto a este tipo de reservas”.
Flores Cervantes recordó que de las 127 cajas recibidas de la pasada Legislatura, no hay un documento o referencia que dé cuenta del asunto, estatus y clasificación archivística, de manera que si de la revisión que se continúa hay casos para esa clasificación, se informará y se someterá al procedimiento establecido por el marco legal vigente.
Finalmente, previendo la protección de datos personales, así como lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el sentido de no vulnerar la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado.
De la misma manera, se busca prevenir la revictimización de las personas señaladas en los juicios, entendida como el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de procuración de justicia y suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima y la inadecuada atención institucional.
Relató que “en todo lo que se les entregó, solamente un expediente tenía un código de clasificación archivística, como declaración de procedencia, y ningún otro fue clasificado como reservado o como confidencial”.
“Desde nuestro punto de vista, algunos de estos expedientes debieron tener esa clasificación, por lo que solicitamos apegarnos a toda esta normatividad en materia de transparencia para que la Comisión se pueda conducir en estos términos, dando la información que la ley permita e informando de manera semestral tanto a la Comisión como a las autoridades correspondientes”, agregó.
Tampoco –aclaró– es reservar todos los expedientes, es un acuerdo de transparencia para que se cumpla con la normatividad en la materia. Habrá dos tipos de expedientes: uno, en donde se reserva todo el tema de datos personales, y otros, cuando se hable de expedientes con carácter judicial, de victimización y revictimización; esos requieren otro tipo de tratamiento y apegado a la normatividad.
La diputada Lilia Aguilar Gil (PT) señaló que la mayoría de los expedientes que se clasifican lo es de información que se considera personal y reservada; sin embargo, se está haciendo de todos los expedientes. Se debe clasificar la información personal y de carácter sensible como cuestiones médicas del probable imputado, “no todo el expediente”. Además, se debe con mucha claridad referenciar los datos que serán clasificados y haber una versión pública de los mismos.
Germán Martínez Cázares, diputado del PAN, enfatizó que no se pueden reservar los expedientes de manera completa e, incluso, debe haber versiones públicas. Opinó que cuando se trata de un juicio de naturaleza política a un servidor público, el estándar de transparencia y de publicidad debe ser más amplio, cuidando los datos personales, ya que “esos solo los puede revelar un juez, no nosotros; nosotros nos debemos constreñir a la responsabilidad política”.
Vía digital, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) estimó que el acuerdo no tiene el ánimo de ocultar información; al contrario, es salvaguardar la integridad de quien en su momento es objeto de alguna denuncia y cuidar la imagen. Los juicios políticos “no son cosa menor y se pudiera hacer un linchamiento mediático o prejuzgar antes violentando el debido proceso”. Dijo estar a favor del acuerdo; sin embargo, se debería tener una versión pública, salvaguardando la integridad de quien sea denunciado.
Trasladan documentación y expedientes
En la reunión, se dio a conocer que el expediente LXV/HCD/DP/01 entregado en la Comisión Jurisdiccional, por ser de su competencia, será remitido a la Sección Instructora.
Flores Cervantes informó que se entregó el expediente CD/01S.07/01-2022 que corresponde a un proceso de declaración de procedencia, mismo que es competencia de la Sección Instructora, y se está trasladando del archivo de la Comisión a la Instructora por considerar que es parte de su competencia; se trata de poner en orden los procesos administrativos
Hizo votos para dictaminar una iniciativa que promovió a fin de poner orden y dar complimiento al plan de trabajo de la Comisión. “La aspiración es que en la Comisión ya pueda estar una Subcomisión de Examen de Previo, una comisión que desahogue todos los procedimientos de juicio político y una subcomisión que sea la Sección Instructora que desahogue todos los procedimientos de declaración de procedencia, conocidos como juicios de desafuero”.
Previamente, por mayoría se avaló el informe semestral de actividades de la Comisión, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura. Se pidió remitirlo a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.