Iniciativa plantea la creación del Sistema Estatal de Cuidados, así como remuneración y seguridad social para personas cuidadoras.
La propuesta, avalada en comisiones del Congreso local, conjunta iniciativas de la gobernadora Delfina Gómez y de las bancadas de MC y PRD, así como aportaciones de morena.
En comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense se aprobó un dictamen que conjuntó tres iniciativas (presentadas por separado) por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la diputada Ruth Salinas Reyes (MC) y la bancada del PRD; para reconocer constitucionalmente el derecho de las personas al cuidado digno y crear el Sistema Estatal de Cuidados.
Al presidir la reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, el legislador Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena) aseguró que con la reforma se establece un precedente legal para la protección y promoción del derecho al cuidado, para hacerlo accesible a toda la población.
El diputado reconoció que el dictamen, enriquecido con las aportaciones de la diputada Jennifer Nathalie González López y del diputado Octavio Martínez Vargas, ambos de morena, busca ya no afectar las oportunidades personales y profesionales de quienes realizan este trabajo (hasta hoy sin remuneración ni reconocimiento), por lo que se contribuye a una sociedad más justa y equitativa.
Al respecto, los parlamentarios Octavio Martínez (morena) y Ernesto Santillán Ramírez (PT) y las parlamentarias Jennifer González y Martha Azucena Camacho Reynoso (morena) reconocieron la relevancia de la iniciativa, pues beneficiará a cerca de ocho millones de personas que requieren cuidados en la entidad. Por su parte, la legisladora Martha Camacho adelantó que presentará una iniciativa para incluir, en la política social de bienestar, la política estatal de cuidados.
De acuerdo con el documento, el Estado de México reconocerá el derecho al cuidado digno como un derecho humano fundamental, entendido como el conjunto de actividades, apoyos y servicios que otorguen los elementos materiales para vivir en sociedad, destinados a satisfacer las necesidades básicas de las personas que (por razones vinculadas al ciclo de vida, condiciones transitorias o crónicas, o situaciones permanentes) requieren apoyo para garantizar su desarrollo e integración.
Asimismo, se reconoce el derecho de las personas para decidir cuidar a quien lo requiera, y el derecho para decidir la distribución del tiempo propio, acorde a sus necesidades e intereses, procurando condiciones de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Las personas cuidadoras tendrán derecho a una remuneración, dentro del catálogo de la Ley de Sueldos y Salarios del Estado de México, así como seguridad social, en los términos y bases que fije la ley, por sus tareas de cuidado, con énfasis en la revalorización de esta labor cuando la realicen mujeres.
Con esta reforma se reconoce la labor que es esencial para el bienestar colectivo, así como para el mantenimiento de la dinámica de trabajo y las fuerzas productivas, incluyendo quienes realizan actividades de mantenimiento y apoyo doméstico.
Ante ello, se explica que el Estado establecerá el Sistema de Cuidados del Estado de México para que coordine la prestación de servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes, de calidad y desarrolle políticas públicas de cuidados, en los ámbitos estatal y municipal.
Lo anterior, basado en los principios de progresividad, universalidad, calidad, igualdad, accesibilidad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres, que atenderá las particularidades de cada grupo poblacional, respetando su dignidad y autonomía, en coordinación con la sociedad civil organizada y el sector privado.
El sistema atenderá, como prioridad, a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, vulnerabilidad, ciclo vital, especialmente en la infancia y la vejez, y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.
La iniciativa para reformar la Constitución local añade que toda persona tiene derecho a decidir y a ejercer la forma de vida que convenga a sus intereses, necesidades y voluntades; y puntualiza que el Estado promoverá la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la comunidad, el sector laboral y el propio Estado en las actividades de cuidado.