• Legisladoras, legisladores y especialistas intercambiaron experiencias, puntos de vista y realizaron aportaciones en la materia
Ciudad de México, a 27 de junio de 2024. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Javier Joaquín López Casarín (PVEM), realizó el foro “Innovación en la Construcción de Paz y Seguridad desde lo local: Estrategias y Herramientas para el futuro de México”.
Al inaugurar el evento, López Casarín señaló que el objetivo es generar diálogo e intercambios que permitan identificar propuestas para mejorar políticas públicas innovadoras para la construcción de territorios de paz. Expresó que el derecho humano a la paz, la seguridad y la transformación no violenta deben ser principios inspiradores para estas acciones.
Refirió que se estima que, en 2050, el 80 por ciento de la población vivirá en ciudades, lo cual lleva a entender los retos que enfrentarán los centros urbanos, por lo que es necesario abordar la situación con un enfoque científico, apoyarnos en la ciencia y los conocimientos desarrollados para dar soluciones basadas en datos.
No se trata de tener un espacio de ocurrencias, subrayó, sino de encontrar soluciones basadas en información bien procesada para articular propuestas en seguridad.
Aseguró que la tecnología juega un papel relevante para tener ciudades inteligentes, pero, el concepto va más allá de edificios y cámaras, se debe impulsar calidad de vida de la ciudadanía con el aprovechamiento de la tecnología.
Añadió que la infraestructura inteligente permite alcanzar nuevos niveles de eficiencia y que los gobiernos locales y municipales son claves para reforzar la democracia, defender el espacio cívico y aportar iniciativas, políticas y relaciones que fomenten la paz.
Peter Grohmann, coordinador residente de Naciones Unidas, destacó la relevancia del tema de seguridad a nivel regional, especialmente porque sin ésta no hay desarrollo, lo que lo vuelve fundamental. Es importante, dijo, contar con estadísticas con base en el uso de las tecnologías para poder direccionar el combate a la violencia tanto a nivel país como en lo local.
Publio Rivera, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, argumentó que la seguridad pública es uno de los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible y debe ser vinculado con el fin de la pobreza, la igualdad, el trabajo decente, el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad.
Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, resaltó la pertinencia del foro, desde el ámbito de la innovación y su relevancia en el ámbito de la seguridad. Pidió trabajar en los efectos de la inseguridad —en lo que respecta a las policías y la Guardia Nacional—y las causas del delito. Puntualizó que en la medida que afinemos modelos para atender las causas se alcanzará el éxito, pero es un área que requieres de experiencia técnica.
Conferencia Magistral “Justicia Cívica y de Proximidad”
Al dictar su conferencia magistral “Justicia Cívica y de Proximidad”, la senadora electa Ernestina Godoy Ramos, afirmó que no basta con reformar leyes, hay que incorporar a las actuaciones principios de justicia restaurativa para lograr resolución de conflictos, y abonar en recuperar el tejido social y prevenir el delito.
Indicó que se debe transformar la idea de que la justicia que sirve es la penal, porque es la que intimida. Resaltó que la justicia cívica es trascendente en el ámbito de la seguridad, la justicia y la paz, y es ideal territorialmente para usar mecanismos alternativos como la mediación aplicada a comunidades.
Su finalidad, expuso, es la resolución pronta expedita eficaz y transparente de conflictos que impactan en la convivencia cotidiana y que pueden prolongarse en el tiempo o escalar a situaciones de violencia que deriven en la comisión de delitos graves.
Añadió que se requiere analizar los tipos penales que admiten la posibilidad de imponer sanciones económicas en lugar de penas privativas de la libertad, lo cual evitará las cargas desproporcionadas a las víctimas que se generan en la vía penal, y ayudará a despresurizar el sistema acusatorio.
Refirió que en la Ciudad de México se inician al día entre 80 y 100 carpetas de investigación por violencia familiar. “Ninguna fiscalía puede resolver esa carga de trabajo”; por ello se deben revisar algunos supuestos de violencia familiar en los que se pudiera llegar a acuerdos entre las partes. “Hay que hacerlo con mucha responsabilidad porque, efectivamente, hay situaciones de violencia familiar que, si no se atienden, escalan hasta llegar al feminicidio”.
La Co-construcción de territorios más seguros y justos desde la proximidad y la cohesión social
Durante esta primera mesa de diálogo, la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) subrayó la importancia de abordar los retos en materia de seguridad que enfrenta México y los gobiernos locales, así como estrategias innovadoras y experiencias internacionales que responden a diversas necesidades y contextos.
El aumento del gasto militar, la escalada bélica y la tensión geopolítica no parecen las recetas idóneas para avanzar hacia la paz. Enfatizó que los gobiernos locales y sus comunidades son claves para reforzar la democracia, defender el espacio cívico y aportar iniciativas y políticas que fomenten la paz y la convivencia pacífica.
Pietro Piffaretti, embajador de Suiza en México, comentó que los retos de paz y seguridad en nuestro país requieren de una respuesta amplia y profunda que ponga al centro a las personas y el Estado de derecho. Una respuesta militarizada sería parcial, pues podría desfragmentar a los grupos criminales y volvería más complejo combatir este fenómeno.
Joaquín Guillemí, especialista de ONU-Hábitat, estimó que se requiere de un enfoque que aplique una multiplicidad de estrategias en un solo espacio a distintos grupos poblacionales en riesgo, como mujeres, personas de escasos recursos o que sufren de adicciones, y atender el desafío de la falta de confianza en instituciones. Además, consideró que se necesita de una participación activa de la comunidad, para crear una estrategia que trascienda más allá del periodo de un gobierno local de tres años.
Agustín Fernández de Losada, director del Programa de Ciudades Globales del Centro de Investigación en Relaciones Internacionales de Barcelona, expuso el proyecto que realizan actualmente de modelos de agendas urbanas públicas donde la paz y la seguridad es uno de los desafíos, y en el que se abordan las múltiples expresiones de violencia en el entorno urbano mediante una política pública.Renato Sales Heredia, exfiscal del estado de Campeche, apuntó que el primer piso de la seguridad pública debe ser un sistema de justicia cívica vinculado con la seguridad humana, las que son faltas administrativas deben ser atendidas en primer momento para evitar que se cree un “caldo delincuencial”. Declaró que ahora que se habla de la reforma al Poder Judicial se deben destinar recursos para capacitar a jueces cívicos en todo el país.
Teresa Ivette Navarrete Reyes, titular del Programa de Prevención del Delito en UNODC México, aseveró que en esta materia se necesita hablar de procesos participativos donde la responsabilidad y papel de los estados son esenciales, así como la presencia de la ciudadanía en sus diversos grupos como mujeres, jóvenes y niñez, e identificar riesgos escuchando a las poblaciones de manera diferenciada y conocer la violencia en sus diferentes tipos.
Javier Garduño, Líder de Proyectos de la Red de Ciudades Resilientes, opinó que las redes sociales se han vuelto un escaparate que ha ido debilitando el vínculo comunitario de empatía y solidaridad, por lo que éstas deben ser usadas de manera inteligente. Dijo que hoy se debe construir sobre lo ya avanzado y mejorar el uso a la información con la que se cuenta.
El papel de la ciencia, la tecnología y la innovación para un México más seguro e inteligente
En esta segunda mesa de diálogo, la abogada Daniela Ancira, cofundadora y directora general de La Cana, empresa social que trabaja con mujeres en prisión para mejorar su calidad de vida, afirmó que para lograr la reinserción social es necesario implementar una estrategia integral que atienda las causas de la delincuencia y clasificar los tipos de delitos.
Eduardo Guerrero, director de Lantia Consultores, indicó que el crimen organizado en México se ha adueñado de estados completos. Propuso que en la próxima revisión del T-MEC se negocie un nuevo capítulo de seguridad o se fijen bases para otro tratado en esa materia, y que México acceda a inteligencia, armamento y tecnología de vanguardia para pacificar al país y recuperar el territorio perdido.
Javier Oliva, profesor e investigador en la UNAM e Instructor en el Diplomado y profesor en la Maestría de Inteligencia para la Seguridad Nacional en el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), indicó que a partir de la disminución de la capacidad táctico operativa de las policías municipales, el pacto federal se ha puesto en riesgo, por lo que debe ser reforzado.
Julio César Sánchez Amaya, exrepresentante de México en Europol, manifestó que el Acuerdo de Trabajo entre la Secretaría de Seguridad y la Agenda de la Unión Europea para la Cooperación Policial firmada en 2020, es un área de oportunidad para que todas las entidades y municipios sean partícipes, el cual busca el combate a distintos delitos de impacto a nivel nacional e internacional.
Alejandro González Cussi, Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia, Michoacán, mencionó que somos un país sobrediagnosticado que requiere pasar de un debate político a uno de operación. Expresó que, de no voltear a ver a las policías municipales, no podrá construirse el entramado de seguridad, paz y gobernabilidad en México. “Las policías locales están en extinción, no hay incentivos para construir”.
Edmundo Esquivel, especialista en seguridad, sostuvo que es necesaria la resignificación y redignificación de la función del policía municipal para que sea líder, facilitador del servicio público, garantice que las personas estén y se sientan seguras y puedan desarrollar su potencial en la sociedad. “Se puede encontrar en el uniformado la capacidad para ganarse la confianza, ser efectivos en reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción ciudadana.
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