Por falta de pago de aportaciones, el Instituto enfrenta déficit anual de $1200 mdp
De 2020 a 2021 los adeudos de entes obligados aumentaron en un 75 por ciento
Toluca, Méx., a 11 de octubre de 2023. Integrantes de las comisiones unidas de Planeación y Gasto Público con Finanzas Públicas, analizan la iniciativa presentada por los diputados de la 4T, Azucena Cisneros Coss y Gerardo Ulloa Pérez, que busca establecer como delito de defraudación fiscal la retención de cuotas de aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por parte de los sujetos obligados, lo que provoca un déficit anual al organismo por más de mil 200 millones de pesos.
“En la práctica es frecuente que los Entes Públicos obligados, omitan cubrir aportaciones y enterar cuotas de seguridad social, generando con ello un perjuicio a las finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, así como a los derechos y prestaciones de seguridad social de los servidores públicos acreditados y sus familias”, expuso el diputado Gerardo Ulloa en reunión de trabajo en comisiones.
Respecto a la omisión en el entero de cuotas y pago de aportaciones de seguridad social por parte de los Entes Públicos obligados los deudores son 24 municipios la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y los Cuerpos Auxiliares del Estado de México (Cusaem), además de según reportes de la Auditora superior, el ISSEMyM tiene solicitudes de aclaración por mil 686 millones de pesos en las cuotas y aportaciones por cobrar.
Ante esta situación, la propuesta de Gerardo Ulloa y Azucena Cisneros busca tipificar la conducta en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, como un delito especial; esto es, agravar la conducta y sus consecuencias, como reparar el daño equivalente al monto que hayan omitido porque estos recursos no son de libre disposición, ya que las instituciones públicas están obligadas a enterar las cuotas y aportaciones dentro de los cinco días siguientes al de la fecha de retención al trabajador.
El planteamiento establece el delito de defraudación a los regímenes del ISSEMyM, y sancionar al o los funcionarios públicos que omitan total o parcialmente enterar las cuotas, o a quien omita presentar querella por estas omisiones, y define sancionar con el doble de la pena para el delito de defraudación fiscal, y que hoy establece penas de tres a cinco años de prisión para montos defraudados mayores a 500 mil pesos.
Al respaldar la propuesta de sus compañeros de bancada, Carmen de la Rosa Mendoza indicó que el ISSEMyM proporciona servicios a 839 mil derechohabientes entre trabajadores, pensionados, pensionistas y sus familiares, pero tan solo entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, el monto por cobrar a dependencias por concepto de aportaciones aumentó en 75 por ciento, al pasar de mil 957 millones de pesos a 5 mil 215 millones de pesos, donde las instancias con más deudas son la Jefatura de Policía Industrial, el CUSAEM y los Cuerpos de Vigilancia Auxiliar y Urbana que concentran el 84 por ciento.
“Acompaño el contenido de la iniciativa que busca combatir un acto de corrupción que lesiona los intereses de los trabajadores mexiquenses que hacen sus aportaciones de seguridad social con la confianza de recibir la atención médica cuando lo requieran ellos o sus familiares”, puntualizó.
En su intervención, la diputada Mónica Álvarez Nemer, presidenta de la Comisión de Planeación y Gasto Público, celebró la propuesta de su bancada porque busca combatir de manera frontal la corrupción y también salvaguardar los derechos humanos de los ciudadanos a la seguridad social, por lo que tratándose de un delito de defraudación del régimen del ISSEMYM, pidió que la Junta de Coordinación Política invite a la Fiscalía General y a la Procuraduría Fiscal para escuchar su punto de vista para enriquecer la iniciativa.
La bancada del PRI respaldó la propuesta morenista y planteó que la omisión en la entrega de aportaciones de cuotas no solo se considere como delito fiscal, sino como fraude de tipo penal, y que se involucre a la Fiscalía Anticorrupción para investigar la retención de recursos, y el destino que se da a los mismos, así como a la Procuraduría Fiscal.