• Trabajos de investigación, permitieron la oportuna intervención del cuerpo de seguridad.
• Los posibles implicados fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica.
Derivado de labores de investigación en campo, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a dos hombres por su posible participación en el delito de extorsión.
Mediante diversas denuncias, personal adscrito a la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención (UIIP) de la SS y de la FGJEM, tuvo conocimiento que en días pasados, un grupo de personas habían acudido con armas de fuego a una distribuidora de pollo, ubicada en la calle Central, en la colonia San Antonio Zomeyucan, en esta demarcación, para dejar una cartulina con un mensaje intimidatorio.
Ante los hechos, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la SS analizó las grabaciones de las cámaras cercanas al punto en el que se registró el percance y confirmó la información.
Con los datos recabados, policías de ambas corporaciones acudieron al sitio donde establecieron contacto con el dueño del local. Luego de recabar la información necesaria, se iniciaron los trabajos de investigación pertinentes, mediante los cuales, entablaron comunicación con los aparentes involucrados, con quienes acordaron la realización de un pago controlado.
Tras la oportuna intervención, los oficiales arribaron al lugar del encuentro y lograron la captura de Gilberto “N” y Edgar “N” de 57 y 41 años de edad, respectivamente, a quienes les decomisaron dos automotores, uno de la marca Nissan March, color blanco, con cromática de taxi y un Pontiac, tipo G3, color rojo, así como dos teléfonos celulares y la cantidad de 10 mil pesos, cifra que al parecer habían recibido de la víctima.
Luego de hacer saber los derechos que la ley confiere, los detenidos junto con la parte afectada y los objetos decomisados fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se determinará su situación jurídica. Cabe mencionar que de acuerdo a las primeras indagatorias, los probables responsables podrían trabajar para otra persona de quien reciben órdenes, por lo que se extenderán las investigaciones.