Firman convenio Chimalhuacán y el Poder Judicial del Estado de México para erradicar la violencia familiar

El ayuntamiento de Chimalhuacán y el Poder Judicial del Estado de México firmaron un convenio para establecer medidas concretas de protección integral para salvaguardar la vida, la libertad, la integridad personal, psicológica, sexual y patrimonial de los miembros de las familias chimalhuaquenses. El convenio permitirá desarrollar protocolos conjuntos, donde el intercambio de información y la capacitación serán los ejes rectores de actuación entre el H. Ayuntamiento de Chimalhuacán y el Poder Judicial del Estado.

La Presidenta Municipal de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, el Magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, firmaron el acuerdo en el que se manifiesta la voluntad política del Poder Judicial para promover los cambios necesarios para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres e intrafamiliar en el municipio.

En su discurso, la Alcaldesa Flores Jiménez dijo que a través de estas sinergias, “podremos implementar líneas de acción precisas, con una metodología clara pero, sobre todo, con el acompañamiento del Poder Judicial para que los trabajos realizados se lleven a cabo con absoluta profesionalidad, sentido social y de manera inclusiva”.

Y subrayó que, de acuerdo a cifras del INEGI, está claro que el problema de la violencia intrafamiliar se agudizó e incrementó por el confinamiento provocado por la pandemia del virus COVID-19. “El encierro, la restricción de movilidad, la incertidumbre, el estrés y la presión por la situación económica, así como la educación a distancia de manera improvisada, entre otros factores, fueron grandes detonantes para que la violencia familiar  incrementara exponencialmente”.

Recalcó que, aunado al problema histórico que conlleva este tipo de violencia a consecuencia del machismo, prejuicios sociales y estereotipos mal motivados, las niñas, niños, jóvenes y mujeres han padecido tristemente día con día una violencia silenciosa dentro de sus hogares. 

Por su parte, el Magistrado Sodi Cuéllar indicó que en el 2021, cuando se implementó el Juzgado Familiar en Línea, se tramitaron 270 medidas de protección a personas. “Este año llevamos mil 431 medidas, 1700 medidas en total, es decir, ha crecido seis veces, lo que significa que los ciudadanos comienzan a confiar en el Tribunal y por eso debemos capacitar a abogados y a la policía municipal y promover el Juzgado en Línea para que la ciudadanía lo conozca”.

La firma de convenio se llevó a cabo en el Museo Chimaltonalli, en donde Sodi Cuéllar dijo que todos debemos saber qué hacer en caso de violencia familiar y difundirlo, para que la comunidad de Chimalhuacán sepa que existe esta medida en línea, donde un juez sin necesidad de que haya una firma o abogado presente, conoce del caso y emite las recomendaciones pertinentes. “Las medidas de protección son para hombres y mujeres, porque hay muchos hombres de la tercera edad que sufren violencia familiar”, añadió. 

Por su parte, el Magistrado Raúl Aarón Romero Ortega explicó que el convenio, el cual se hará extensivo a todos los municipios del Estado de México, responde a una reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que mandata dar respuesta, a más tardar, en cuatro horas. 

Mientras que Ivette Anguiano Aguilar, Visitadora en Materia Familiar del Poder Judicial del Estado de México, pidió a abogados, colegios de abogados e instituciones, implementar acciones para disminuir la violencia, y que, a través del Juzgado en Línea, sepan que cualquier víctima puede tener medidas de protección y que la policía municipal llevará a cabo la ejecución de la medida de protección ese mismo día.

Como testigos del convenio, firmaron los titulares de la Dirección Municipal de Jurídico, del Sistema Municipal DIF y de la Preceptoría Juvenil Regional de Reintegración Social Chimalhuacán. Al evento acudieron integrantes del H. Cabildo, abogados, jueces, magistrados, elementos de la policía municipal y servidores públicos de la administración.

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