Por: SiLasDudas
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y sus aliados del partido Morena organizan una consulta pública para el primero de agosto con la organización del Instituto Nacional Electoral (INE), para darle credibilidad al resultado de la pregunta sobre si el pueblo mexicano quiere o no quiere que se juzgue a los expresidentes del país.
De esta manera AMLO pretende endosar a los ciudadanos la justificación para investigar el los posibles excesos y fraudes cometidos durante sus funciones de los expresidentes, con este ejercicio del primero de agosto se quiere lavar las manos de algo que puede hacer con las manos en la cintura sin necesidad de movilizar a millones de personas en las mesas de consulta para dar su opinión.
La venganza está preparada e inicia el 2 de agosto, porque la organización de este evento solo es para justificar el juicio como una petición ciudadana, cuando a los mexicanos hay otras cosas que más les preocupan, como la afectación económica por la pandemia.
Ese recurso que el gobierno federal, Morena y el INE van a gastar en la consulta pudo haberse utilizado en algo de más provecho. No por sacar los trapitos al sol de los expresidentes los van a regresar y mucho menos, van a ser aplicados en beneficio social, y si eso pudiera garantizarse, para cuando esto ocurra muchos más mexicanos habrán muerto por la pandemia o de hambre.
-Gasto de difusión de la consulta sin sentido
Bastaría con preguntar: ¿Quién paga los desayunos, conferencias, pintas y espectaculares promoviendo la consulta? Aunque muchos dirán que son recurso personales de simpatizantes de AMLO o del partido MORENA, valdría la pena hacer una revisión a los gastos de difusión que han hecho después del 6 de junio las oficinas de prensa de Ayuntamientos, coordinaciones estatales y municipales de MORENA, pues seguro aunque aparezcan con otros rubros, seguro parte de ese recurso, proveniente de nuestros impuestos, se utilizó para promover la consulta que para millones de mexicanos nos importa un carajo, pues el gobierno hará su voluntad con nuestra voluntad o sin ella.
El presidente dijo repetidamente que estaba en contra de someter a juicio a los expresidentes, pero al mismo tiempo no dejó de hablar de ello y quiere responsabilizar al pueblo de esa decisión mediante la consulta.
En febrero del 2019 afirmó: “Que el ciudadano diga: Sí, queremos enjuiciar a Salinas. ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares. Queremos enjuiciar a Zedillo, porque convirtió las deudas privadas en deuda pública con el Fobaproa. Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la democracia (…) Queremos enjuiciar a Felipe Calderón, porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción”.
De este modo, al afirmar que en realidad no quiere llevarlos a juicio y que “el pueblo” debe decidir, elude hacerse cargo de sus acciones.
Hay voces de gente pensante que pide a la gente que no acudan a la consulta para no legitimar la intención de juicio, pues lo que pase después de eso no depende de la aprobación o no de los mexicanos.
Si contestáramos que sí, como es muy probable que responda la mayoría de quienes irán a votar, implícitamente estaremos diciendo que AMLO es la única buena persona que ha llegado a presidente de México y, por lo tanto, el único con legitimidad para castigar a los villanos.
Según Luis Antonio Espino en un articulo publicado por The Washinton Post: Que va a pasar si en la siguiente consulta, a celebrarse en marzo de 2022, se preguntará al “pueblo” si queremos que AMLO se quede o se vaya de la presidencia. ¿Qué haremos si AMLO decide preguntarnos esto mismo en las elecciones presidenciales de 2024? ¿Bastará también con la abstención para impedir su reelección o la extensión arbitraria de su mandato?
No bastan la abstención y la indiferencia. La oposición y las voces críticas del gobierno deben ser más activas en el rechazo a la consulta para que las y los ciudadanos no caigan en esta trampa del populismo que busca propagar la distorsionada idea de que solo López Obrador tiene la “autoridad moral” para gobernar a México. Debe explicarse la ciudadanía que no estamos ante un acto de justicia, sino ante un ejercicio de deslegitimación e intimidación política y jurídica de la oposición.
Participar en la consulta, así sea para votar por el “no”, significa darle permiso a una sola persona para erigirse en juez y verdugo de todo el sistema político en nombre de un “pueblo” definido a modo.
Debemos ser claros también en el hecho de que López Obrador no solo busca destruir la imagen y la reputación de los expresidentes, sino afectar las posibilidades políticas de potenciales competidores electorales en el futuro.