*Más seguridad en Centrales de Abasto, especialmente en la de Toluca, exige la legisladora.
*Vital el acceso inmediato de líneas telefónicas de los secuestradores y las víctimas de secuestro para investigación.
Toluca, Méx. 27 octubre del 2020. Con el objetivo de reducir los secuestros y extorsiones en las Centrales de Abasto y población en general, la Diputada Federal por el Partido Encuentro Social, Esmeralda Moreno, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para incrementar las penas a quienes secuestren a comerciantes formales e informales, cómo ya es de saberse en la Central de Abastos de la ciudad de Toluca existen estos delitos y por miedo los comerciantes al temor de represalias no denuncian.
La legisladora del PES denunció que es necesaria una reforma para inhibir este delito y fortalecer a las instituciones de Procuración de Justicia con castigos ejemplares.
Moreno Medina señaló que estos delitos han afectado la economía de los comerciantes en todo el país y el Estado de México, pero principalmente en la Central de Abastos de Toluca donde locatarios han tenido que vivir con intranquilidad y miedo a que haya más homicidios, extorsiones y secuestros.
“Esta iniciativa se presentó para la Ley General de Secuestros para agravar la conducta a quienes priven de la libertad y secuestren a comerciantes”, informó la diputada.
Ante esta situación, también presentó otra iniciativa en materia de la Ley Federal de Telecomunicaciones para acceder de manera inmediata a los datos de telefonía de las víctimas y secuestradores ya que “todas las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia necesitan las herramientas suficientes para combatir los secuestros”.
En entrevista, lamentó que en la actualidad las fiscalías de todo el país no pueden acceder de manera inmediata a los datos de las líneas telefónicas celulares de un desaparecido, secuestrado, o una víctima de extorsión, sino hasta 24 horas después del hecho. Este tiempo, afirmó, es vital para la localización con vida de la víctima y tener línea de investigación en contra de los secuestradores, extorsionadores y víctimas desaparecidas e incluso para solicitar intervención de comunicaciones telefónicas.
“Los datos conservados en la telefonía pueden llegar de manera rápida pero la ley nos pone un candado, que es a partir de un plazo máximo de 24 horas, aunado a que en algunas ocasiones las empresas telefónicas realizan dilaciones para que la información no llegue a tiempo”, pese a los apercibimientos que realiza la Autoridad Judicial reprochó.