Toluca, Méx. 11 febrero del 2925. Congresistas y representantes del gobierno estatal destacaron los beneficios de establecer un 10% de espacios en educación superior a grupos vulnerables, especialmente mujeres indígenas, migrantes, de pueblos originarios y afromexicanas.
La propuesta de la gobernadora Delfina Gómez promueve el acceso de este sector a la educación superior, para reducir la desigualdad social.
Diputadas y diputados de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de Atención de Grupos Vulnerables, de la LXII Legislatura mexiquense, consideraron oportuno y viable que las universidades y tecnológicos de estudios superiores (de competencia estatal) y las escuelas normales públicas destinen el 10 por ciento de su matrícula a personas en situación de vulnerabilidad, pues se garantiza su acceso a educación superior y se abona a reducir las desigualdades sociales.
En el estudio de la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez que reforma la Ley de Educación estatal, a través de la que se establece este porcentaje mínimo en favor de mujeres con discapacidad, migrantes, de pueblos originarios o afromexicanas, las y los integrantes de las comisiones destacaron la sensibilidad de la mandataria para resolver parte de los frenos que impiden a estas personas ejercer su derecho a la educación.
Ante representantes de la Consejería Jurídica, el diputado Rigoberto Vargas Cervantes (morena), quien presidió la reunión, expuso que la propuesta obedece a demandas concretas de estos sectores, quienes en foros y espacios diversos han expuesto las múltiples trabas para ingresar a universidades e instituciones de educación superior.
Por morena, las legisladoras Angélica Pérez Cerón y Zaira Cedillo Silva apuntaron que la entidad es rica en grupos originarios; que la reforma genera una política pública concreta en su favor, y que se enmarca en la Agenda 2030. Además, la diputada Angélica Pérez expuso la necesidad de preparar un exhorto a las universidades autónomas del nivel federal para que asuman una acción similar de manera formal.
También por morena, el legislador Israel Espíndola López compartió que el porcentaje planteado es un margen aceptable para garantizar el acceso a la educación a quienes han sido relegados, y es una acción necesaria para impulsar un cambio en la entidad. La parlamentaria Martha Azucena Camacho Reynoso destacó que la medida es de carácter temporal, correctivo, compensatorio y promocional para acelerar la igualdad de trato entre mujeres y hombres.
En su intervención, la diputada Leticia Mejía García (PRI) planteó la posibilidad de preparar una iniciativa para que la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) considere esta cuota también; y pidió retomar la iniciativa de su bancada para becar a estudiantes de posgrado, en especial a estudiantes de grupos indígenas; recordó que en la entidad hay más de 417 mil 600 personas que se asumen como hablantes de lenguas nativas, de las cuales 63 mil (15 por ciento) no cuentan con estudios.
Tras reconocer la iniciativa, ya que atiende el acceso a la educación de los grupos vulnerables, la legisladora Maricela Beltrán Sánchez (MC) solicitó incluir en el análisis la propuesta presentada por su grupo parlamentario, por tratarse de una materia similar; y deseó que el porcentaje se incremente más adelante.
Finalmente, Javier de Jesús Domínguez González, encargado de Despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial «Gaceta del Gobierno”, resaltó que se trata de una acción afirmativa que deriva de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad a la UAEMEX, emitida en junio de 2024.
Lo anterior para permitir a Vanessa (joven indígena) inscribirse a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien no alcanzó el espacio luego de haber realizado el examen de admisión.
En tanto, Gabriela Hernández Iturbe, encargada del Despacho de la Dirección General de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Consejería Jurídica, apuntó que la propuesta atiende las desigualdades que afectan a grupos vulnerables.
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