Congresistas del Grupo Parlamentario del PT (GPPT) lamentaron que en estas áreas se fabriquen culpables en lugar de procurar justicia.
Cualquier persona, sin importar su condición social ni económica, debe acceder a una justicia pronta y expedita, coincidieron.
Debido a que en 2023 se registró un 90.4 por ciento de índice de impunidad de los delitos cometidos en el Estado de México, la diputada Yareli Anai Esparza Acevedo y el diputado Isaac Josué Hernández Méndez, del PT, señalaron que legislarán para fortalecer a las fiscalías pues, pese a ser las instancias encargadas de la procuración de justicia, son espacios donde se fabrican delitos.
Durante el Foro de aprendizajes pendientes y desafíos en la impartición de justicia en el Estado de México, destacaron que esta propuesta es acorde a las leyes secundarias que deben acompañar a la reforma judicial, aprobada recientemente por el Congreso local, para que cualquier persona, sin importar su condición social ni económica, pueda acceder a una justicia pronta y expedita.
Resaltaron la importancia de dar voz a la población, como es en la elección de personas magistradas y juezas del Poder Judicial, ya que es la que experimenta y sufre la impartición de la justicia. Además, lamentaron que las personas no denuncien delitos, principalmente por falta de recursos económicos, desinterés, desconfianza en las autoridades y los tratos hostiles que reciben.
En su participación, Fabiola Vite Torres, coordinadora del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, expresó que se necesitan más espacios ciudadanos de participación, donde se haga saber a las personas representantes populares cómo vive la población y qué sucede con la procuración, impartición y administración de la justicia.
Para Ricardo Vilchis Orozco, visitador en Amnistía y Torturado de la Comisión de Derechos del Estado de México, el derecho a la libertad es uno de los más valiosos, porque sin ella no se puede elegir un proyecto de vida, ni ejercer otros derechos. Por ello, es responsabilidad de las legislaturas federal y local el brindar mecanismos para que todas las personas puedan ejercer y luchar por ese derecho.
Anayeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Nacional de Violencia de Género, señaló que acceder al sistema de justicia implica grandes desafíos para las víctimas, pues tampoco hay terapias psicológicas para ellas ni sus familias. Además sufren otras violencias, como cuando son desplazadas o violentadas nuevamente en sus derechos, y no hay instituciones suficientes que las protejan.
Finalmente, Hugo Francisco Cornejo Martínez, representante de la agrupación Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata, refirió que el sistema actual de justicia no castiga el delito, sino la pobreza, la marginación y la rebeldía.
