• Para ello, el diputado Hernández Pérez (PVEM) solicitó reformar las leyes del Impuesto Sobre la Renta y del Seguro Social
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2024. A fin de otorgar estímulos fiscales a patrones que empleen a personas con discapacidad y exentarles de aportar cuotas de seguridad social, el diputado José Luis Hernández Pérez (PVEM) presentó una iniciativa para modificar las leyes del Impuesto Sobre la Renta y del Seguro Social.
La reforma al segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, busca que, de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal correspondiente, se pueda deducir un monto equivalente al “doble” del salario efectivamente pagado a personas empleadas que padezcan discapacidad motriz, que requieran permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje o invidentes.
Asimismo, agrega un párrafo para establecer que el Servicio de Administración Tributaria elaborará y mantendrá actualizado un padrón de las personas trabajadoras registradas por los contribuyentes para obtener el estímulo previsto en dicho artículo.
En los artículos 25, 106, 107 y 147 Ley del Seguro Social propone que los patrones que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que requieran permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje o invidentes, estarán exentos de aportar las cuotas.
En el documento, suscrito por el diputado Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del grupo parlamentario del PVEM, fue remitido a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Argumenta que el trabajo no debe ser visto como un favor o un acto de caridad que pueda otorgarse de manera arbitraria, pues se trata de un derecho humano inherente a todas las personas, que permite a quienes lo ejercen vivir de manera plena e independiente.
De ahí que considerara necesario promover el acceso de las personas con discapacidad a la justicia social y al ejercicio pleno de los derechos que la Constitución consagra e incentivar a las y los empleadores a que –más allá de los apoyos y asistencia que el Estado otorga a quienes viven con esta condición– apuesten por la responsabilidad social e incluyan en su fuerza laboral a quienes necesitan una oportunidad para mejorar su calidad de vida.
Refiere que, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 126 millones 14 mil 24 personas contadas en México, siete millones 168 mil 178 tienen discapacidad y/o algún problema o condición mental.
Señala que este es uno de los sectores sociales que enfrenta más barreras y dificultades para acceder a derechos básicos como educación y empleo, y según datos del Inegi la tasa de participación económica de las personas con discapacidad y/o con algún problema o condición mental de 15 años y más representó en 2020 el 38 por ciento, es decir 2.4 millones de personas.
Indica que, de acuerdo a los resultados sobre la Situación de Pobreza Multidimensional para las Personas con Discapacidad, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2020, 49.5 por ciento de ellas estaba en situación de pobreza.
Destaca que es necesario tomar en cuenta las necesidades de este sector de la población para garantizarle una vida plena y con menos dificultades para acceder a la salud, la educación, el empleo y la protección social, rompiendo la correlación que existe entre discapacidad, exclusión y pobreza.
