Aquiles Córdova Morán
En todo el tiempo que lleva su gobierno, el presidente López Obrador ha estado llevando a cabo, como su actividad fundamental y casi exclusiva, una gira por todo el territorio nacional para difundir, explicar y promover sus programas de ayuda con dinero en efectivo a los grupos más vulnerables, programas que son la médula de su política para el combate a la desigualdad y la pobreza que afecta a la mayoría de los mexicanos.
Sabedor seguramente de que este tipo de programas de transferencia monetaria directa no es nuevo, sino que se ha venido aplicando cuando menos desde el sexenio del Lic. Carlos Salinas con nulos o muy pobres resultados sobre el fenómeno que busca combatir; coherente además con su convicción de que todos los males del país, los grandes y los pequeños, los trascendentes y los insignificantes, tienen su origen en la corrupción galopante que nos ahoga, el presidente se ha fabricado su propia explicación del anterior fracaso de tales programas: la causa fue la corrupción con que se manejaron.
Pero, ¿en qué consistía exactamente esa corrupción? En que los recursos se entregaban a organizaciones “intermediarias” autobautizadas como “sociales”, “de la sociedad civil”, “de lucha contra la pobreza” y otros predicados similares, todos falsos y encubridores de sus verdaderos propósitos, a juicio del presidente. Estos “falsos redentores sociales”, asegura, se quedaban con la mayor parte de los recursos, y al destinatario del programa solo llegaba una miseria, con la cual, además, los “intermediarios” se labraban un prestigio político y se hacían con una clientela electoral cautiva. ¡No más intermediarios corruptos! ¡No más moches ni piquetes de ojo! Ahora el dinero se entregará directamente al derechohabiente y los buenos resultados del programa quedarán, por tanto, garantizados.
El planteamiento suena lógico y convincente, sobre todo para el público que lo escucha que es el que, al menos en teoría, recibirá el “dinero completo” que se le promete. El problema reside en que el presidente no presenta nunca datos concretos, cantidades precisas sobre el monto de los “moches” que se robaban los intermediarios; tampoco ha dado nunca información debidamente documentada sobre cómo y de dónde obtuvo la información que maneja, y, sobre todo, no identifica con exactitud a las organizaciones intermediarias. Se conforma con alusiones vagas, con nombres mitad verdad y mitad ficción inventada por él, y en un tono que más bien suena a guasa que a denuncia seria y responsable de los culpables, lo cual permite todo tipo de especulaciones y suposiciones por parte del público.
Esta falta de seriedad y de precisión en los datos, las fuentes y los nombres de los acusados, no son casuales ni constituyen un descuido involuntario. Tienen su explicación y su necesidad en el hecho de que la teoría del presidente sobre las causas del anterior fracaso de sus programas es falsa, simplemente porque se apoya en hechos inexistentes; es decir, porque esos programas jamás fueron manejados por organización intermediaria alguna, sino única y exclusivamente por el personal que la secretaría correspondiente (SEDESOL) tenía destinado a esa tarea. La explicación del presidente es ficticia, pero es necesaria para defender la validez de su política contra la pobreza; y es coherente con su visión de que todos los males del país tienen su origen en la corrupción (no en el modelo económico, como sostiene Antorcha). También hace falta esa explicación para poder sostener ante su público que, ahora sí, la erradicación de la pobreza está garantizada porque los programas están a cargo de los funcionarios de la 4ª T, cuya mano es bendita, y, además, porque ayuda a cuidar los recursos la banca de Salinas Pliego.
Entre los nombres jocoserios que maneja el presidente para señalar a los “intermediarios corruptos”, hay uno (y solo uno) que se repite siempre y no varía: el de la “Antorcha mundial”. Esto permite concluir con certeza (a diferencia de los otros casos) que con tal caricatura verbal se alude al Movimiento Antorchista Nacional, primero Antorcha Campesina y después Antorcha Revolucionaria. Desde la primera alusión hiriente y burlesca hacia nosotros, hecha en su discurso del viernes 21 de septiembre de 2018 en la ciudad de Mexicali, Baja California, los antorchistas supimos que no se trataba de error o mala información, sino de un ataque premeditado que era, además, una advertencia de lo que nos esperaba en la 4ª T: seríamos marginados de todo beneficio y se nos impediría participar en cualquier programa social destinado a mejorar las condiciones de los marginados.
No obstante esa certeza, nos sentimos obligados a responder, en primera instancia, de manera razonada y comedida a lo que consideramos una injusticia y una imputación no demostrada. Todos los antorchistas con alguna representación dentro de nuestras filas y con acceso a algún medio, escribimos artículos en los términos y con el propósito dicho, pidiendo al presidente que cesara en sus ataques y revisara su opinión sobre nosotros, o, en su caso, que aportara las pruebas correspondientes. Todo en vano. Una y otra vez, hemos sido colocados en la picota a escala nacional desde la alta tribuna presidencial, sin pruebas ni argumentos de ninguna naturaleza que lo justifiquen.
Las cosas no han quedado en eso. Con el correr de los meses, hemos podido comprobar que el ataque presidencial no tiene, en efecto, el propósito absurdo de eliminarnos como “intermediarios”, algo que nunca hemos sido como queda dicho, sino el de impedirnos ejercer nuestro derecho constitucional a organizarnos, a gestionar obras materiales y servicios indispensables para los grupos y poblaciones marginados organizados en nuestras filas, y también el de amordazarnos negándonos el derecho a la protesta y a la manifestación pública de nuestras inconformidades.
Como es bien sabido, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) aprobado por el Congreso de la Unión de mayoría morenista, eliminó de un plumazo el ramo 23 dejando a gobernadores y ayuntamientos municipales con cero recursos para atender las necesidades populares urgentes. Esto ha provocado, no solo que se nos nieguen las obras y servicios que demandamos, sino que algunos gobernadores (cuyo caso paradigmático es el de Omar Fayad en Hidalgo) hayan adoptado un discurso fascista y amenazador para la integridad física y la libertad de nuestros compañeros, amparándose en el pronunciamiento y en las acusaciones lanzados por el presidente López Obrador. Esto no es raro: se sabe de antiguo que este tipo de coyunturas es aprovechado siempre por los cortesanos segundones e incompetentes para congraciarse con su jefe nato, compitiendo entre ellos para ver quien adivina y aplica mejor su voluntad y sus deseos, con más saña y ferocidad que el jefe mismo. Pero eso no lo hace más justo ni más legítimo.
¿Por qué, pues, protestan los antorchistas en los mítines del presidente? Porque en ellos se les acusa, insulta y calumnia sin pruebas de ninguna clase, y porque les consta que las aclaraciones respetuosas y racionales no sirven de nada frente a la arrogancia, prepotencia e insensibilidad oficiales. Pero no solo por eso. También porque, a estas alturas, ya saben que sus demandas y necesidades legítimas no serán atendidas a través de la gestión paciente y pacífica ante los tres niveles de gobierno. Ya no hay ramo 23, les dicen despóticamente; y con esa respuesta los quieren mandar a su casa calladitos y contentos, como si la tal respuesta fuera el bálsamo de Fierabrás, que tenía la virtud de deshacer cualquier daño por grave que fuese, según creyó el bueno de Sancho Panza.
En esta política de cero soluciones para el pueblo, sorprende la ceguera y la confusión de funcionarios federales y gobernadores cuando responden a la gente que no habrá obras ni
servicios porque “se acabó la corrupción” (?¡); porque tienen la orden presidencial de cerrar la llave a los líderes corruptos. Ahora todo les llegará, les dicen, a través de las tarjetitas de Banco Azteca. Sorprende, digo, que no se den cuenta del abultado error de su razonamiento, del evidente y torpe quid pro quo en que incurren: quieren acabar con los líderes corruptos, pero a quienes castigan negándole obras y servicios es a las poblaciones y a los grupos más necesitados. ¿Tiene esto verdadera lógica? ¡Por eso protestan los antorchistas!
Para terminar, diré que ciertos medios informativos de innegable importancia, algunos de los cuales han sido acusados de “fifís” y conservadores por el presidente, al informar de las protestas de los antorchistas recogen la versión oficial: “es que ya no habrá dinero ni privilegios para sus líderes” aseguran. Es decir, validan la calumnia oficial dejándose llevar por sus viejos prejuicios en contra de los antorchistas, sin darse cuenta que, con ello, legitiman también las acusaciones en su contra. Antorcha sabe, escucha, siente que crece un rumor, todavía sordo y subterráneo pero real, de decepción, descontento y rechazo contra lo que la gente está viviendo. No es lo que esperaban, dicen. A todos los descontentos sin excepción, Antorcha los invita a que, en vez de defendernos aisladamente condenando y entregando al vecino, comencemos a pensar en un frente común para hacer más eficaz la defensa propia, pero también, si fuera el caso, la del país en su conjunto. Vale.
