Bancadas de morena y PT resaltan la democratización de la vida pública, al ampliar los efectos del voto popular.
Grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, y MC consideran que las reformas a la Constitución local no resuelven los problemas del sistema de justicia, sino que los politizan.
La reforma al Poder Judicial estatal, que establece la elección popular de personas magistradas y juzgadoras, así como una restructuración orgánica del Tribunal Superior de Justicia mediante la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, fue celebrada por diputadas y diputados de morena y PT, que la consideraron un avance más en la democracia, mientras que personas legisladoras del PRI, PAN, PRD y MC advirtieron que invade la autonomía y equilibrio entre poderes.
En defensa de la reforma, el legislador Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LXII Legislatura mexiquense, llamó “a no tenerle miedo al pueblo y a la democracia”, pues obedece a un mandato popular.
Además, reconoció el trabajo del parlamentario José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política, quien “cumplió el compromiso de escuchar e integrar observaciones de las distintas fuerzas políticas”.
También de morena, el legislador Octavio Martínez Vargas señaló que esta serie de reformas constitucionales es la más importante del primer periodo ordinario de sesiones y, probablemente, de la LXII Legislatura mexiquense, porque democratiza al Poder Judicial, cuyos integrantes “querían mantener los privilegios, los altos salarios, los excesos y los abusos”.
El parlamentario Isaac Josué Hernández Méndez (PT) indicó que se trata de un hecho histórico, porque el derecho a elegir a integrantes del Poder Judicial responde a que las instituciones de justicia han perdido credibilidad y legitimidad, dando paso a abusos de poder, tráfico de influencias, nepotismo y corrupción, por lo que ahora se devuelve el poder al pueblo.
En cuanto a las posturas en contra, la diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) expresó que el dictamen “quebranta la división de poderes y compromete la independencia judicial, genera incertidumbre y desconfianza en los inversionistas, pero, sobre todo, no mejora la justicia ordinaria”, y añadió que profundizan sus efectos negativos y debilita la justicia constitucional.
La parlamentaria Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) puntualizó que la reforma es una violación al sistema de pesos y contrapesos, cuyo desequilibrio implica riesgos de corrupción, abuso de poder y arbitrariedad. Lamentó que a nivel nacional el proceso legislativo fue el de una “mayoría irreflexiva, que actuó por consigna”, lo cual se replicó en lo estatal.
En su momento, el diputado Omar Ortega Álvarez, coordinador parlamentario del PRD, señaló que la reforma no beneficia a la población, y calificó como una mentira que tenga la posibilidad elegir directamente a personas magistradas y juzgadoras, porque se trata de la partidización del Poder Judicial.
En tanto, la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) refirió que el trasfondo de las reformas es la captura del Poder Judicial, con lo que se abre la puerta al clientelismo. Consideró innegable la corrupción del sistema judicial, incluyendo excesos, aunado a una precaria situación en juzgados, pero “eso no cambia en nada” con las modificaciones constitucionales propuestas.
