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11 diciembre, 2024
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Nacional

Fundamenta presidente de la Comisión de Justicia dictámenes sobre leyes secundarias del Poder Judicial

• Serán el motor para el adecuado funcionamiento de los órganos judiciales: diputado Julio César Moreno

• El Pleno desechó moción suspensiva de la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2024. El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), fundamentó los tres dictámenes a las minutas que expiden las leyes Orgánica y de la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, así como reformas y adiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En la sesión vespertina de este martes, Moreno Rivera comentó que con este acto legislativo se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Octavo Transitorio de la reforma constitucional en materia de reformas del Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, en donde se otorga un plazo de 90 días naturales para que el Congreso de la Unión realice las adecuaciones a las federales correspondientes.

Recordó que el pasado 5 de diciembre se recibieron tres minutas del Senado de la República que contienen los proyectos de decreto por los que se expiden dos nuevas leyes reglamentarias y se reforma una tercera.

Su aprobación, dijo, permitirá que al entrar en vigor estos ordenamientos legales sean el instrumento para que se materialice dicha reforma constitucional, ya que estas nuevas leyes no solo contienen disposiciones técnicas sino serán el motor que impulsará el adecuado funcionamiento de los órganos del Poder Judicial de la Federación.

La finalidad es entregar a los ciudadanos un sistema de justicia eficiente, cercano a la gente y transparente, así como equitativo, imparcial, comprometido con los derechos humanos y haciendo realidad la trasformación de las instituciones públicas para que estén al servicio de todas y todos los mexicanos.

“Con la expedición de estas nuevas leyes –aseguró– se le da un nuevo rostro al Poder Judicial de la Federación; se renueva dicho órgano constitucional dándole un aspecto de juventud al convocar a nuevos hombre y mujeres y se acerca más a la sociedad para resolver sus problemas en materia de justicia, combate a la inseguridad y a la corrupción”.

Aclaró que el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación atiende la intención de la reforma constitucional de separar la función jurisdiccional de las tareas administrativas del Poder Judicial.

Por ello, es adecuada la propuesta de asignación de los órganos que auxiliarán al Poder Judicial de la Federación en sus funciones como son el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. “Se garantiza la continua profesionalización y capacitación de las personas funcionarias del Poder Judicial, lo que permite a su vez un trabajo eficiente y apegado a derecho”.

Destacó que se busca otorgar a la Escuela Nacional de Formación Judicial una autonomía técnica y de gestión, y le da la tarea de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y autorización del personal de carrera judicial y administrativo de dicho Poder.

Además, la Escuela Nacional deberá continuar con las actividades de formación, capacitación, investigación y difusión en la materia electoral. Se obliga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a trabajar en Pleno, suprimiendo el trabajo en salas.

En cuanto al proyecto que expide la Ley de Carrera Judicial, explicó que la carrera judicial constituye el sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades.

Sus finalidades son garantizar independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de las personas servidoras públicas que forman parte de ella; propiciar la permanencia y superación de sus integrantes conforme a las expectativas de desarrollo personal, mediante una carrera como personas servidoras públicas, además de desarrollar un sentido de identidad y pertinencia hacia el Poder Judicial y contribuir a la excelencia y eficacia de la impartición de justicia.

Además, se sustituye a la actual Escuela Federal de Formación Judicial por una Escuela Nacional de Formación Judicial; se incorpora como finalidad de la carrera judicial el coadyuvar en el ejercicio de una justicia orientada a la igualdad sustantiva y la justicia social, y que en el desarrollo de la carrera judicial se deberá observar el principio de ética en el ejercicio del servicio público.

En el combate a la violencia institucional se establecen medidas claras para evitar conductas como hostigamiento laboral, acoso sexual y otras formas de violencia de género dentro del Poder Judicial, y se incluyen mecanismos para prevenir, detectar y sancionar estas conductas.

Respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Moreno Rivera relató que en ese dictamen se establece un lenguaje inclusivo y cumple con el objetivo de que la ley sea general y aplicable para todas y todos los mexicanos sin que haya uso discriminativo en el lenguaje.

Incorpora el criterio de buena administración con la finalidad de que guíe en buena medida la actuación de las personas servidoras públicas. “Las adiciones permitirán considerar como falta administrativa no grave la inobservancia del Código de Ética y los diversos códigos de conducta”.

La finalidad es armonizar la Ley General de Responsabilidades Administrativas con la reforma constitucional del Poder Judicial, así como otorgar al Tribunal de Disciplina Judicial la facultad de investigar e imponer las sanciones que correspondan a las personas servidoras públicas del Poder Judicial por faltas administrativas.

Desechan moción

Posteriormente, en votación económica, se desechó la moción suspensiva presentada por la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC), quien consideró que es ilegal la discusión, ya que, se está en un desacato de las suspensiones judiciales otorgadas.

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