****También se les relaciona con la «mafia inmobiliaria» de la costa y por ejercer chantaje mediático para conseguir tierras a menor valor del establecido.
Por Redacción
Mérida, Yucatán, 5 de diciembre.- Los empresarios Pedro Daniel Rodríguez Hernández, quien es director del Sol Quintana Roo y Sol Yucatán, y Ángel Azael Ruiz López, del ramo inmobiliario, vuelven a ser objeto de denuncias en el sureste mexicano.
En el caso del yucateco, Ruiz López ha sido acusado por tráfico de tierras, despojo, fraudes millonarios y está vinculado a la «mafia inmobiliaria» de la costa, donde supuestamente está involucrado Mario Peraza Ramírez quién fue candidato del PRI en el estado.
En tanto, el empresario Pedro Rodríguez, quien es dueño de “Desarrollos inmobiliarios Palmeras Roher” y “Grupo Gastronómico Cancún”, ha sido señalado por usar a medios de comunicación locales como un mecanismo de extorsión y chantaje.
Los inversionistas sureños están identificados por ejercer presión y chantaje mediático a empresarios, ejidatarios y políticos, con el fin de conseguir tierras a menor valor del establecido.
Pedro Daniel Rodríguez Hernández y Ángel Azael Ruiz López por años han estado relacionados en temas fraudulentos y no se les ha fincado ninguna responsabilidad.
Las múltiples acusaciones data desde septiembre de 2022, cuando el “guardaespaldas” de Rodriguez Hernández habría golpeado a un periodista que investigaba un supuesto chantaje, caso que quedó en el olvido.
Siguiendo en agosto de 2023, donde por órdenes del dúo de inversionistas yucatecos despojaron por la fuerza a ejidatarios del poblado de Ucú para obligarlos a vender sus tierras y establecer su nuevo desarrollo “Alianto”.
Estas personas han abusado de su poder y utilizado todos los recursos para lograr sus trampas y estafas.
Hoy día siguen acusados de seguir traficando tierras, casi siempre en representación de grandes especuladores urbanos de Mérida.
Ángel Azael Ruiz López ha buscado puestos políticos para obtener protección y ensanchar sus operaciones de tierras y seguir evadiendo las leyes, pese a que las denuncias se encuentran ante la Fiscalía General de Justicia.
