Ayuntamiento tiene obligación de incentivar economía, no de frenarla
Por uso de suelo exigen desde 50 mil a 200 mil pesos a negocios
Toluca, Méx., a 18 de junio de 2023. El diputado Faustino de la Cruz Pérez, lamentó que prevalezca la política de abusos y corrupción por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano de Coacalco, contra negocios, a quienes exigen pagos de entre 50 mil a 200 mil pesos por regularizar la licencia de uso de suelo, pues de lo contrario suspenden los establecimientos, en perjuicio de la economía de cientos de hogares, por lo que exigió al alcalde del PRI, David Sánchez Isidoro, a poner freno a funcionarios corruptos y a garantizar el derecho al trabajo de los habitantes y el impulso a la actividad económica en su municipio.
El legislador, quien es integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Legislatura local explicó que el Ayuntamiento de Coacalco realiza desde el año pasado una campaña para “regularizar” a los comercios establecidos, sin embargo, cuando acuden los inspectores exigen cantidades exorbitantes por poner en orden la documentación y permitir la operación, por lo que son frecuentes los negocios con sellos de suspensión en diversas colonias del municipio.
Un negocio de abarrotes con casi 30 años de operar y del cual dependen cinco integrantes de una familia, fue suspendido por verificadores de Desarrollo Urbano quienes señalaron a los propietarios que el establecimiento debía contar con cinco cajones de estacionamiento dentro de su predio, cuando en décadas no fueron requeridos, colocaron sellos de suspensión, que ya llevan semanas y han dejado pérdidas por más de 30 mil pesos.
Cuando los dueños del local acudieron a Desarrollo Urbano, el subdirector, Gabriel Reyes señaló que para poner en orden su documentación y permitir la reapertura requería un pago de 90 mil pesos, lo que ni en seis meses reuniría la familia.
“Fui a pedir apoyo para poder abrir mi negocio, en Desarrollo Urbano me hicieron un cálculo en UMAS y que el monto son 90 mil pesos, solo buscan sacar dinero de donde puedan, les dije que ni en sueños tenía esa cantidad, y respondieron que lo menos eran 45 mil pesos”, afirmaron los afectados, quienes pidieron omitir su nombre por temor a represalias.
Un restaurante mediano con venta de alcohol en Villa de las Flores, debía pagar por uso de suelo entre 6 y 8 mil pesos de acuerdo al Código Financiero, pero los inspectores exigieron el pago de 140 mil pesos con multas, los cuales tuvieron que pagar para seguir operando.
De igual forma, el gobierno de Coacalco ha colocado sellos de suspensión en decenas de negocios como talleres, refaccionarias, rosticerías donde se han exigido pagos de 150 mil pesos por licencias de uso de suelo; a un negocio de productos de iluminación pidieron 50 mil pesos; a una tienda de abarrotes en Los Héroes, 40 mil pesos; a un gimnasio fueron 50 mil pesos, y en centros comerciales que han tenido sellos de suspensión, se ha exigido hasta un millón de pesos de multas.
El diputado integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano en la 61 Legislatura local consideró que si la autoridad que tiene que regular e incentivar los comercios, aplica una lógica de corrupción, amenazas e intimidación, ello no facilitará la reactivación económica en los municipios ni ayudará a la economía de las familias.
“Sin más, los funcionarios piden sumas cuantiosas a los propietarios de negocios, sin mediar recibo y no es el único caso, por lo que solicitamos al alcalde David Sánchez, destituir a los corruptos y transparentar la regularización de negocios y el trámite de licencias”.
Subrayó que resulta paradójico que mientras en su portal oficial, el Ayuntamiento de Coacalco presume formar parte de la Política Anticorrupción en el Estado de México y promueve la mejora regulatoria, en la realidad, los habitantes son víctimas cotidianas de corrupción por parte de funcionarios municipales, en perjuicio de su patrimonio.
“Es inadmisible que un gobierno municipal aplique una política de cero tolerancia con los comercios establecidos, en lugar de que busque las mejores medidas para incentivar la regularización y la recuperación económica de sus habitantes”.
