Ciudad de México.- Recursos destinados al programa «La Escuela es Nuestra» de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fueron destinados a pagar boletos de avión, préstamos personales, servicios de televisión por cable, tarjetas de crédito y compras en tiendas de conveniencia, según el informe de la Cuenta Pública 2021, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El órgano fiscalizador detectó estas irregularidades, que ocurrieron durante la gestión de Delfina Gómez al frente de la SEP, y realizó seis Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos recomendaciones.
La Subsecretaría de Educación Básica destinó 13 mil 549 millones 550 mil pesos al programa «La Escuela es Nuestra» en 2021, con el fin de mejorar la infraestructura y el equipamiento de los planteles públicos de educación básica. La ASF revisó 2 mil 512 millones 200 mil pesos que representan el 18.5% de los subsidios económicos otorgados a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP).
Los integrantes de 15 comités ubicados en 11 estados de la República, reportaron que no se aplicaron recursos por 4 millones 412 mil pesos, debido a que estos fueron retirados por sus propios tesoreros sin que los devolvieran.
La ASF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los estados de cuenta de las tarjetas bancarias, de cuyo análisis se comprobó que los recursos de siete comités fueron retirados en efectivo en su totalidad por sus tesoreros, uno de los cuales utilizó 500 mil pesos para gastos hospitalarios.
Los otros ocho comités utilizaron los recursos para atender necesidades personales, como la compra de boletos de avión, pagos de tarjetas de crédito o préstamos personales, pago de servicios de televisión por cable y compras en tiendas de conveniencia, entre otros.
La revisión de la ASF también arrojó que tres comités ubicados en Coahuila y Oaxaca destinaron recursos para adquirir un terreno por 150 mil pesos y dos vehículos por 195 mil pesos, sin que dichos conceptos de gasto se encuentren permitidos dentro de los lineamientos del programa.
La ASF también detectó que los integrantes de 30 comités ubicados en nueve estados del país renunciaron total o parcialmente a los apoyos, debido a que los planteles ya no se encontraban en funcionamiento, o bien, por inconformidades de los integrantes del comité sobre las acciones por realizar, entre otros, por lo que no aplicaron recursos por 6.1 millones de pesos.
Ante las diversas irregularidades, la ASF hizo seis Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos recomendaciones. Una de las promociones se emitió al Órgano Interno de Control en la SEP para que realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que autorizaron la dispersión del apoyo a un Comité Escolar de Administración.
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