Por Luis Ayala Ramos
Toluca, Méx.- 9 de diciembre 2021.- Los municipios de Toluca, San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Nicolás Romero, Metepec y el solicitaron ante el Congreso del Estado de México la desincorporación y venta de bienes propiedad del estado y de los municipios para pagar deudas y laudos que deben cubrir por mandato judicial.
Ante esta situación, a nombre de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, la diputada Mónica Miriam Granillo Velazco dijo que sus compañeros de partido on están dispuestos a ser “oficialía de partes”, que los municipios justifiquen plenamente la desincorporación de bienes.
Durante su discurso, hizo hincapié en que su grupo parlamentario considera necesario solicitar más información a los presidentes municipales y a los servidores públicos de los organismos públicos “para analizar con mayor profundidad las causas por la cuales cuentan con los adeudos y falta de fondos, aunado a que no existe claridad sobre el destino de los recursos que se obtenga de la enajenación de los inmuebles mediante subasta pública”, expuso.
Agregó que Nueva Alianza respeta el derecho constitucional que tienen municipios y organismos, pero enfatizó, “es prioritario analizar el marco jurídico”. Lo que significa que se mantienen en contra de que los municipios sigan acumulando pasivo laboral y un mal manejo de los juicios laborales.
“Estamos de acuerdo que el ISSEMYM destine los recursos que obtengan como producto de la subasta pública de los 22 inmuebles, siempre y cuando los utilice de forma trasparente para fondear el pago de pensiones y para invertirlos en los servicios de salud”, añadió.
Por ese motivo solicitó a los ayuntamientos y organismos auxiliares; realicen una buena planeación en su proyecto de presupuesto de egresos y consideren partidas específicas para solventar estas deudas y actuar con la mayor cautela al recurrir a este tipo soluciones, pero deben hacer uso de los mismos de manera responsable,
“proponemos que se realicen ajustes a la norma estatal para que la adquisición de deuda cuente con una serie de candados, no para dañar al municipio, sino para proteger a los ciudadanos”, argumentó.
Por lo que propone se reforme el texto constitucional del artículo 61 fracción XXXVI en el que se agregue establecer los casos en que se requiera dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que trasciendan al período del ayuntamiento; siempre y cuando la afectación no sea para pago de deudas.
De igual forma, su iniciativa pretende reformar el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para que en la solicitud de autorización de cualquiera de los actos contemplados, se deberá contar con la información necesaria que indique de forma clara y precisa el destino que tendrán los recursos obtenidos por la enajenación.
Granillo Velazco enfatizó que, gobernadores y servidores deben administrarse con “eficacia, transparencia y honradez y no tomar las autorizaciones a vender predios para pagar pasivos que solo demuestran acciones irresponsables”, puntualizó.
