Abel Pérez Zamorano
Doctor en Desarrollo Económico por La London School of Economics
y autor de los libros Marginación Urbana e Industria Azucarera y Tenencia.
Actualmente es Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.
El reciente congelamiento de varias cuentas bancarias de negocios pertenecientes al Movimiento Antorchista Nacional y a algunos de sus responsables fue ejecutado por la Unidad de Inteligencia Financiera a solicitud del gobierno de Puebla. A esta acción se suma la amenaza del propio Miguel Barbosa de encarcelar a 16 dirigentes del movimiento. La persecución desatada. Esto ocurre en tiempos en que su gobierno naufraga en una crisis social: creciente pobreza, desempleo, la pandemia y la delincuencia desbordadas (de ello ofrecí evidencia en colaboración anterior), que lo hacen el gobernador peor evaluado; además, envuelto hoy en el lío de los sobornos de Emilio Lozoya, necesita como oxígeno el escándalo distractor. Como el ladrón que para no ser atrapado grita señalando a otra parte: ¡al ladrón, al ladrón!
Por su parte, Santiago Nieto anunció que fueron congeladas cuentas “de dirigentes” de Antorcha, supuestamente por haber recibido recursos al margen de la ley, acusación totalmente gratuita, sin base probatoria alguna; tampoco se aplicó previamente el más mínimo procedimiento de ley que pudiera permitir a los afectados saber de qué se les acusaba y ejercer su derecho a la defensa. Fue una acción eminentemente mediática políticamente motivada, cuyo propósito es el escándalo más que preservar el orden legal.
Pero en el fondo, la embestida contra Antorcha es consecuencia (y reconocimiento implícito) de su crecimiento y profundo arraigo social en el país, y muy destacadamente en Puebla (en 1974 se fundó en Tecomatlán con 30 integrantes; hoy supera los dos millones en todo México). Si no representara nada, no la atacaría Barbosa, ni otros que a ello se dedican. Además de su presencia objetiva, está su ánimo de lucha: mientras las fuerzas políticas que temen al actual régimen y se sienten vulnerables al chantaje, han arriado banderas, guardando cauto silencio, Antorcha, libre de todo delito, ejerce su libertad y habla fuerte. No tiene por qué callar o esconderse. Exhibe la crisis social en Puebla y encabeza a la población que exige soluciones. Y ahí está la respuesta.
Su compromiso con los sectores más desprotegidos no es cuestión de coyuntura. Fue concebida para luchar con ellos y lo hace siempre. Es la organización social más grande, articulada y disciplinada de Puebla y de México; tiene proyecto de país y está vertebrada en un gran contingente de activistas con educación política. Encabezada por su fundador y dirigente histórico, el ingeniero Aquiles Córdova Morán, ha hecho una caracterización científica de la realidad nacional y ha formulado una propuesta viable de progreso. Pero no solo es su visión histórica, sino su lucha de ya casi medio siglo lo que le ha granjeado simpatía y respeto en el pueblo, y el odio enfermizo de las élites del poder.
Sobre su financiamiento, hoy nuevamente cuestionado por el gobierno, han corrido ríos de tinta (más bien de lodo). Se ha pretendido desprestigiarla, atribuyendo su patrocinio a uno u otro personaje, según quien tire la pedrada, de la política, sin prueba alguna; solo afirmaciones repetidas hasta el cansancio buscando sorprender a los inadvertidos. Y aunque afirmar no es demostrar, por años han preparado el terreno, para volver “creíble” cualquier acusación por disparatada que sea, para que parezca obvio que se financia ilegalmente y justificar la represión.
Desde sus orígenes, para Antorcha fue claro que el problema del financiamiento era decisivo para sobrevivir, pero también para conservar sus principios. Solo se puede tener independencia política y de acción si se tiene independencia económica. Y el suyo no es cualquier empeño. Se propone cambiar el modelo económico existente y promover una política de distribución justa de la riqueza, y ello implica necesariamente conquistar el poder, para lo cual se requiere una organización nacional, grande y fuerte, so pena de quedarse soñando. Diez millones de organizados es la meta, algo imposible de lograr sin recursos para crear y sustentar una estructura de activistas. Es la suya una tarea de alcance histórico, y casi medio siglo lleva trabajando en ella.
Y era obvio que los recursos no podían obtenerse del mecenazgo de algún gobernante; si alguien financiara, lógicamente exigiría obediencia para sus propios fines, y la organización enajenaría su independencia económica y, por ende, política. Buscando dinero para vivir, encontraría la muerte política del proyecto. Quizá así hubiera gustado a los detractores. Imposible sería luchar contra gobiernos del propio PRI, como ha hecho por décadas, o de aquel de cuya mano comiera. Además, ningún funcionario podría, aun en el impensable caso de que quisiera, sostener con dádivas a una organización de tales magnitudes y tales propósitos, con un proyecto de lucha de largo aliento.
Había otras dos vías para financiarse, incompatibles también con el proyecto y mortales de necesidad. La primera, en la historia, algunas organizaciones de izquierda se han financiado mediante acciones ilegales, las llamadas “expropiaciones revolucionarias”; seguir esa ruta habría colocado a Antorcha en el terreno del delito y la convertiría en blanco fácil de sus atacantes, que lo hubieran festejado. La segunda, por la que otros han optado: vivir del erario mediante las prerrogativas de los partidos, pero eso tampoco garantiza la permanencia, y Antorcha aún no es partido con registro. Así han hecho carrera muchos otrora vociferantes izquierdistas, como el propio Barbosa.
Dado el tamaño de la organización y su propósito histórico, para financiarse quedaba una sola opción, la elegida y aplicada durante 46 años: construir una base financiera propia. Y por lo mismo que es la única viable, es la que más encoleriza a las fuerzas tradicionales en el poder, que quisieran ver a Antorcha pidiendo limosna y debiéndoles la vida.
La colecta pública ha sido una fuente de financiamiento; cualquier mexicano habrá visto en carreteras, calles y transporte público a los activistas boteando (de paso invito a todos a cooperar con ellos); contribuyen también los militantes que tienen un empleo y aportan parte de su salario, y, finalmente, lo más condenado por los adversarios, lo execrable: crear empresas generadoras de ingresos. Extraño pero cierto, desconcertante para los críticos, Antorcha es una organización popular que construye un soporte financiero empresarial propio que le garantiza capacidad de propaganda, alimentar a los activistas, vestirlos, darles habitación, curarlos (así, indígenas humildes han sido atendidos y sometidos a cirugías complicadas en buenos hospitales), financiar la impresionante actividad cultural que disfrutan millones de mexicanos (v. gr., las Espartaqueadas anuales), transportarse (hay quienes se incomodan porque los dirigentes usen vehículos seguros); en una palabra, todo lo que implica sostener y mover a una gigantesca organización.
Sí, han fundado gasolineras, pero siempre acatando los procedimientos y exigencias legales, negocios sujetos como cualquiera de su tipo a rigurosa vigilancia por parte de Pemex, como ha sido probado a lo largo de los años; también con grandes esfuerzos han invertido en algunos hoteles, tiendas de abarrotes y producción agropecuaria, todo dentro de la ley y fiscalizado por las autoridades respectivas. Y la pregunta obligada: ¿cuál es el delito de fundar negocios? ¿Por qué los antorchistas no tienen derecho, como cualquier mexicano, a reunir con su esfuerzo colectivo un pequeño capital e invertirlo para generar utilidades? ¿Qué ley lo prohíbe? Y algo más. La especie de que los dirigentes acumulan fortunas es insostenible y absurda, pues si se roban el dinero recabado, ¿cómo podría Antorcha financiar toda su intensa actividad a lo largo y ancho del país? En fin, quienes pretenden exterminar a Antorcha quisieran verla en la indigencia, maniatada y amordazada, e incapaz de movilizarse.
Estos son, pues, los “delitos” por los que el gobernador de Puebla persigue a Antorcha, atropello al que la UIF no debiera prestarse. En el fondo, Barbosa y sus adláteres quieren mancharla, quitarle su atractivo entre el pueblo, pues en las elecciones del año próximo será un fuerte competidor. Ha empezado, y de la peor forma, la campaña del 2021.
